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La acción Popular


Estimados lectores:

Estimadas lectoras:

como Catedrática de Derecho Procesal de la Universidad Miguel Hernández de Elche constituye para mí una enorme satisfacción poder dar difusión a través de este medio, a algunos trabajos y reflexiones de alumnos y alumnas de la asignatura “Derecho Procesal Penal”.

En este contexto se enmarcan el estudio realizado por el alumno José Bonmatí Sánchez -asiduo ya en los blogs de las distintas asignaturas del área de Derecho procesal- sobre la Acción Popular.

Espero que disfrutéis con su lectura.

Gracias a Jose por su trabajo e implicación

Olga Fuentes Soriano

jose-bonmati-sanchez
José Bonmatí Sánchez

Estudiante de Grado en Derecho (4º curso)

Universidad Miguel Hernández de Elche

La Acción Popular

Cuando se habla de la acción popular se está haciendo referencia a aquel mecanismo que el ordenamiento jurídico español pone a disposición de los ciudadanos españoles no ofendidos directamente por la comisión de un delito para instar la actuación de la administración de justicia.

Para un mejor entendimiento de la figura deben realizarse una serie de precisiones sobre el concepto mencionado anteriormente:

-Legitimación popularconstitucion

Esta figura consiste en la atribución de legitimación activa a los ciudadanos, para que puedan personarse como acusación.

Se reconoce de forma expresa en el Art. 125 de la CE

“Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia…”

-Ciudadanos españoles (requisito de nacionalidad)

Requisito recogido en el Art. 19 de la LOPJ y cuya justificación radica en una de las características propias de los procesos penales.

En el proceso penal se ventilan intereses públicos, pues de la comisión de un delito se produce una agresión a la paz social y por lo tanto de forma indirecta la ciudadanía se ve perjudicada por el mismo.

En relación con lo anterior cabe matizar que la paz social que se ve perjudicada es la paz de la sociedad española, y por lo tanto se podría deducir que el legislador interpretó que únicamente serian los ciudadanos de nacionalidad española quienes podrían ejercitar dicha figura, como recoge Joaquín Jiménez García a la hora de mencionar la posible inclusión en la acción popular de los ciudadanos de la UE.[1]

Finalmente cabe destacar que por ciudadano, no solo se entiende a las personas físicas, sino también las personas jurídicas, como destacan las SSTC 34/94, 50/98 y 79/99.

-Delito púbico

En un principio cabe destacar que una clasificación que se puede realizar de los delitos radica en su mayor o menor interés público protegido; delitos públicos, semipúblicos o privados.

A consecuencia de lo anterior y en relación con el punto en el que se ha explicado el requisito de nacionalidad, se debe destacar que la figura tiene como finalidad principal utilizarse frente a la comisión de delitos públicos, y por lo tanto no cabe el uso de dicho mecanismo frente a delitos semipúblicos o privados.[2]

-Procedimiento

Para actuar mediante esta figura debe interponerse una querella (Art. 270 LECrim), es decir un acto de iniciación del proceso penal mediante el cual se manifiesta ante la autoridad judicial a su voluntad de mostrarse parte en la persecución de un delito a cuyo efecto solicita su investigación.

Deberá pagar una fianza, una cuantía dineraria establecida por el Juez, de forma proporcional a los medios de los que disponga el sujeto que tiene la intención de interponer la querella, de tal forma que nunca pueda suponer un obstáculo para ejercer la tutela judicial efectiva (derecho fundamental recogido en el Art. 24 de CE, donde se establece que “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”, y en el caso de que la cuantía a abonar en concepto de fianza superara la capacidad económica del sujeto en concreto, se estaría generando indefensión, al no permitirle ejercer sus derechos e intereses legítimos ante jueces y tribunales) y para responder a las posibles resultas del pleito[3].

 

Otras características a destacar de la figura de la acción popular para un mejor entendimiento de la misma:

-Es un Derecho cívico[4] pues pertenece a la ciudadanía española, matizando además que dentro del término ciudadanía se entienden incluidas las personas físicas y las personas jurídicas. Finalmente resalta su característica como Derecho activo, ya que mediante su uso  los ciudadanos pasan a ejercitar en igualdad de armas, junto al Ministerio Fiscal, la acusación.

-Se pueden encontrar una serie de personas a las cuales, de forma indirecta o directa, se les impide ejercitar la acción popular.

En el Art. 102 LECrim se recoge de forma directa quien no puede ejercer la acción popular, como son aquellos que no gocen de forma plena de sus derechos civiles (la acción popular es un derecho del ciudadano), los jueces y magistrados, y aquellos que hayan sido condenados dos o más veces en delitos de denuncia o querella calumniosa.

Del Art. 19 LOPJ y el 103 LECrim se puede deducir una serie de personas que no pueden ejercer la acción popular: los ciudadanos que no ostenten la nacionalidad española, y aquellos  a quienes se los prohíbe el ejercicio de las acciones penales a los cónyuges, ascendientes, descendientes y hermanos (salvo en los casos que el delito en concreto se haya copost-josemetido entre ellos, o unos contra otros)

-Teniendo en cuenta su reconocimiento constitucional, es de destacar que no encontramos en el Ordenamiento Jurídico una norma que se encargue de regular dicha institución de forma general y sistemática, por lo tanto se debe destacar que su escasa regulación la encontramos fundamentalmente en la LECrim y la LOPJ, teniendo que recurrirse a la jurisprudencia para poder encontrar una mayor explicación sobre las condiciones de su ejercicio.

Es una figura que goza de tantos seguidores (buscan ampliarla) como detractores (buscan limitarla), y tanto unas tesis como otras son tan amplias que podría dedicarse un trabajo completo a cada una, por lo que para una idea general se pueden destacar:

1) Como ideas en contra, se deben destacar las argumentaciones arrojadas por el Tribunal Supremo  en la sentencia nº 1045/2007[5] (“Doctrina Botín”), acerca de si puede mantenerse la acción popular como única acusación en el caso de que el Ministerio Fiscal y el Acusador particular decidieran no acusar.

1º Ausencia de interés en la resolución

Si el Estado (mediante el Ministerio Fiscal) y el propio ofendido por la comisión de un delito (Acusador particular), han decidido que no existe interés en perseguir tal delito, demuestra que existe ausencia de interés en la persecución del mismo y como consecuencia quedaría bastante “sospechoso”  la existencia de un interés por parte de un 3º ajeno a la comisión del delito, en la persecución del mismo.

2º Escasa probabilidad de éxito.

Si el propio Ministerio Fiscal, cuyos componentes (referencia a los fiscales) son grandes conocedores del Derecho y tras la fase de investigación decide que no existen motivos para ejercer la acusación, ¿Que probabilidad de éxito les restaría al resto de sujetos (Personas físicas o jurídicas) que aun así decidieran seguir persiguiéndolo?

3º Principio de celeridad

De este principio se puede decir que quienes participan en el procedimiento deberán ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos.

2) Como ideas a favor se pueden destacar: la función democratizadora y garantista[6] (ante una serie de delitos en los cuales la acción particular quedara reducida, como por ejemplo la malversación de fondos públicos, la inactividad del MF podría permitirse la impunidad de una serie de conductas delictivas.), no se podría dejar únicamente la función de acusación al Ministerio fiscal, ya que podría darse la situación que ante una serie de delitos cometidos por los poderes del Estado se mantuviera en un papel inactivo), intervención de la sociedad en garantizar la paz social (de forma indirecta en todos los delitos públicos nos podemos encontrar con un perjuicio indirecto para la sociedad), los votos particulares de la sentencia antes mencionada…

 

[1] (Giménez García, 2009)

[2] (Asencio Mellado, 2015)

[3] (Oromí i Vall-Llovera and Armenta Deu, 2010)

[4] (Rodríguez Caro, 2015)

[5] Sentencia de la Sala de lo Penal número de resolución 1045/2007, de 17 de diciembre (Recurso de Casación)

[6] (Asencio Mellado, 2015)

 

Bibliografía

-Asencio Mellado, J. (2015). In: Derecho Procesal Penal, 7th ed. Valencia

-Giménez García, J. (2009). Reflexiones sobre la acción popular en el proceso penal desde la jurisprudencia de la sala segunda del Tribunal Supremo.

-Oromí i Vall-Llovera, S. and Armenta Deu, T. (2010). El ejercicio de la acción popular. Madrid: Marcial Pons – Ediciones Jurídicas y Sociales.

-Rodríguez Caro, M. (2015). La Acción Popular. Limitaciones a su ejercicio. La “Doctrina Botín”, el “caso Atutxa” y la aplicación al “caso Nóos”. Noticias Jurídicas


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Martes, 22 de noviembre de 2016 Dejar un comentario Ir a comentarios
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