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FELICES FIESTAS


Estimado/a estudiante

Desde el área de Derecho Procesal de la Universidad Miguel Hernández queremos desearos a todos/as una Feliz Navidad y un próspero año 2017.

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Atentamente

Olga Fuentes Soriano


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Miércoles, 21 de diciembre de 2016 Sin comentarios

¿Qué es un aforado?


¿Qué es un aforado?, ¿quiénes son aforados en España? y ¿quién los juzga?

El programa “Descubre con la UMH” pretende dar a conocer términos especializados de las distintas áreas de estudio al público general.

Los estudiantes y egresados en estudios jurídicos conocen el significado del aforamiento, una locución cada vez más usual en los medios de comunicación, en el ámbito académico y también en amplias capas de la población. Para explicar, de forma sencilla y clara, el significado del aforamiento se ha preguntado a la Profa. Fuentes Soriano, catedrática de Derecho Procesal de la Universidad Miguel Hernández de Elche.


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Martes, 21 de julio de 2015 Sin comentarios

La acción popular


Estimados lectores de este blog, como Catedrática de Derecho Procesal de la Universidad Miguel Hernández constituye para mi una enorme satisfacción poder dar difusión a través de este medio, a algunos trabajos y reflexiones de alumnos y alumnas de la asignatura “Derecho Procesal Penal”. En este contexto se enmarca el estudio de la alumna Irene Martínez Quiles sobre “La acción popular” que podéis leer a continuación.

Espero que disfrutéis con su lectura.

Gracias a Irene por el trabajo

Olga Fuentes Soriano

LA ACCIÓN POPULAR 

Irene Martínez Quiles

Irene foto blog

 

“Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular […]”. Así se inserta en nuestro ordenamiento jurídico esta modalidad de acusación cuyo ejercicio se atribuye a los ciudadanos de forma directa en los términos constitucionales del artículo 125, que encabeza nuestro comentario. La acción popular supone la posibilidad de que cualquier ciudadano español no ofendido por un delito público, pueda ser parte acusadora en un proceso penal. Esta facultad es una manifestación directa de la legitimación amplia que caracteriza al proceso penal, y que se traduce en que cualquier persona pueda sostener la acusación en un proceso sin tener que invocar la lesión de un interés directo. Esta legitimación permite que se extienda no sólo a las personas físicas sino también a las jurídicas como derecho dirigido a obtener una tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la Constitución).

No obstante, para alcanzar estas precisiones debemos hacer un vasto recorrido histórico, y remontarnos no sólo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 que le dedica varios preceptos de su contenido (en especial artículos 101 y 270), sino a la propia Constitución de Cádiz de 1812, previsora primera de este mecanismo, destinado entonces entre otros, a la persecución de los delitos de soborno, un destino que “casualmente” en la actualidad da lugar a que se inicien gran parte de las acciones populares de nuestro país. De todo ello se deriva, no sólo que sea una institución típicamente española, sino también, típicamente constitucional que se erige como elemento clave que responde a las exigencias del Estado Social y Democrático de Derecho en que nuestro país se configura. En las propias palabras de Olga Fuentes Soriano -Catedrática de Derecho Procesal Penal-: “Si, efectivamente, España es un Estado social y democrático de derecho, no lo es -o no sólo- porque así lo establezca el art. 1º de la Constitución […], sino porque nuestro proceso penal contiene elementos pensados para que así sea. Uno de estos elementos es -o debiera ser-, precisamente, aquél que conocemos como la acción popular”.

Siguiendo con la descripción procesal de esta figura, y como vamos a tener momento adecuado de ver, su ejercicio no es arbitrario y no sujeto a limitaciones, sino que son rigurosos los requisitos legales que estructuran su ejercicio: interposición de querella, acompañada de la correspondiente fianza. Especialmente este último no ha estado alejado de críticas en muchas ocasiones.

Una vez observadas sus características más definitorias, es interesante atender a la inserción en el ordenamiento jurídico de la acción popular, en gran medida por el carácter autóctono que le es propio; y que podemos razonar por la labor de complemento que desempeña respecto de la acusación particular; y de refuerzo conforme al funcionamiento o no funcionamiento del Ministerio Fiscal. Esta segundo labor se percibe de forma clara en el “Caso Brugal, al aunarse la acusación fiscal y las sucesivas populares. En función de esta precisión, podemos destacar la que es, a mi juicio, la principal consecuencia e incluso ventaja, si somos más concretos, como es el hecho de que a través de su ejercicio se trata de que “ningún delito quede impune” de la pena que legalmente se le debe aplicar. Además, en tanto en cuanto son los delitos públicos los que pueden ser objeto de esta acción, sin que se excluyan en ningún caso: medioambientales, urbanísticos, económicos, entre otros; su alcance es prácticamente inconmensurable. En este sentido, además de situarse en el plano de la defensa de la legalidad, lo podríamos entender de manera aproximada como un instrumento de seguridad y “tranquilidad” jurídicas, pues inclusive los hechos delictivos en los que existen diversos intereses de índole política en juego, pueden ser ventilados en el seno de un proceso penal con todas las garantías legales.

Desde otra perspectiva, la acción popular es al fin y al cabo un derecho, un derecho que puede incurrir en abusos por parte de los acusadores populares, y que puede dar lugar a situaciones de absoluto descontrol. Sería, un ejemplo prototípico las acusaciones particulares encubiertas por acusaciones populares, o aquellas acciones populares promovidas con fines fraudulentos y no meramente altruistas encaminados a hacer justicia. En estos términos se pronunció la STSJ de Cantabria de 20 de mayo de 1996, que prevé como “objeto de censura jurídica” el ejercicio de la acción popular encaminado a la búsqueda exclusiva del perjuicio de un tercero, o la invocación meramente formal de las normas urbanísticas.

Por esta razón, el legislador se ha visto obligado a interponer límites destinados a paliar e incluso prevenir, este tipo de circunstancias. Pero como todo límite, se tiende a su restricción máxima, una restricción que en el ámbito de la acción popular da lugar a que su función quede en gran parte desvirtuada. Así ocurre con las exigencias de las fianzas a determinados colectivos, que lejos de ser acordes a los medios económicos existentes son en ocasiones desproporcionadas, lo que impide la posibilidad de ejercitarlo. Este asunto ha sido especialmente controvertido en las distintas opiniones doctrinales y jurisprudenciales. Podemos hacer mención al respecto de varias sentencias del Tribunal Supremo en los que los requisitos formales de querella y fianza han sido mitigados atendiendo a diversos motivos, permitiendo por ejemplo la personación sin querella cuando el proceso ya está en curso (SSTS 12 de marzo de 1992, 22 de mayo de 1993, 3 de junio de 1995 y 702/2003, de 30 de mayo), y exonerando de fianza si existen indicios contrastados de la posible comisión del delito, porque en principio eso excluiría la litigación temeraria (STS 12 de marzo de 1992).

Seguidamente, conviene hacer referencia a una serie de aspectos. El primero de ellos viene dado por la lectura literal del ya mencionado artículo 125 de nuestra Carta Magna. El mismo artículo recoge “ciudadanos” como concepto genérico de legitimación para sostener una acusación contra los supuestos autores de un delito; pero si entendemos el término “ciudadanos” como personas nacionales de un país, ¿de dónde procede la acotación “ciudadanos españoles” a la que nos hemos referido en anteriores líneas?; es la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 101 la que prevé a los ciudadanos españoles como únicos facultados para tal fin: “Todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la Ley”; así como la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cuyo artículo 19.1 dispone que «los ciudadanos de nacionalidad española podrán ejercer la acción popular en los casos y formas establecidos en la ley«. Es importante matizar esta realidad, puesto que se trata de un límite legal establecido a esta acción; cuya existencia respondería en mi opinión a respetar la naturaleza de este derecho reservándolo a los ciudadanos españoles como conocedores máximos de nuestra propia legislación y afectados indirectamente por las consecuencias que se derivan de aquel tipo de delitos.

En razón de todo lo expuesto, mi visión global sobre la instrumentación de la acción popular me lleva a representarla como un garante de la más estricta legalidad, y por tanto, como una figura muy necesaria en nuestro panorama jurídico, sobre todo teniendo en cuenta la especial vinculación del Ministerio Fiscal con el Gobierno, como relación demasiado cercana y dependiente para no pocos juristas y entendidos del Derecho. Asimismo, es una institución que debe mantenerse y fortalecerse, sobre todo teniendo en cuenta el ingente número de casos que no han llegado a archivarse (“Caso Filesa” o la “Sentencia del aceite de colza”), incluso archivado y retomada su investigación, por la labor desinteresada de la acusación popular. Por esta razón, me parece fuera de lugar que la jurisprudencia actual comience a exigir en su ejercicio un mínimo interés indirecto en el delito contra el que se querella. Supondría inhabilitar la actuación de la acusación popular de una manera drástica.

Me gustaría considerar ahora las posibilidades de mejora que se le podrían plantear a una configuración de “acción popular” jurídicamente muy preparada y adaptada a nuestro tiempo. Estrictamente relacionadas estas posibilidades con las acusaciones particulares encubiertas, sería un beneficio para el colapso de la Administración de Justicia perseguir la situación y movimientos procesales de la persona que presenta una querella declarándose acusador popular; pues si un ciudadano querella, y posteriormente deja de mostrar interés en el proceso no tiene sentido su continuación en él, por lo que no debería tolerarse en ningún caso. Podríamos entender de esa conducta, un claro interés alejado del ejercicio de la acción popular para preservar el interés general.

Por último, y en consonancia con las reflexiones de Julio Banacloche Palao, una futura reforma del proceso penal podría poner en grave riesgo la persistencia de la acción popular si la investigación fuera asignada al Ministerio Fiscal y se ampliaran, por ende, las posibilidades de negociación entre la acusación pública y el acusado. Este modelo se encuentra implantado en muchos países donde la acusación popular no tiene cabida. Así, concluyo abogando por la subsistencia de esta figura, condenando en todo caso aquellos abusos y acciones iniciadas con fines espurios, regulando especialmente las sanciones que deben aplicarse a tales casos.

 


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Jueves, 8 de enero de 2015 Sin comentarios

La acción popular


Estimados lectores de este blog, como Catedrática de Derecho Procesal de la Universidad Miguel Hernández constituye para mi una enorme satisfacción poder dar difusión a través de este medio, a algunos trabajos y reflexiones de alumnos y alumnas de la asignatura «Derecho Procesal Penal». En este contexto se enmarca el estudio de la alumna Noa Román Cueva sobre «La acción popular» que podéis leer a continuación.

Espero que disfrutéis con su lectura.

Gracias a Noa por el trabajo

Olga Fuentes Soriano

LA ACCIÓN POPULAR

Noa Iria Román Cueva

foto Noa 

La acción popular está reconocida en el ordenamiento jurídico procesal español desde la Constitución de 1812 con el fin de perseguir los delitos cometidos por Jueces y Magistrados. Poco después, la LECrim de 14 de septiembre de 1882 ya reconoce la acción popular con carácter general, justificándola en su Exposición de motivos como la acción pública y popular para acusar, en vez de limitarla al ofendido y sus herederos. En su artículo 101 recoge que «la acción penal es pública y que todos ciudadanos podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la ley». Como derecho constitucional aparece  recogida en el art.125 al decir que » los ciudadanos podrán ejercer la acción popular».

El Tribunal Constitucional considera la acción popular como el ejercicio de un particular de la función pública. El derecho de acusar, para lo que formula una acción propia que se considera un derecho constitucional cívico y activo (Ss: 62/1983, 147/1985 y 34 y/1994).

Por su parte, el Tribunal Supremo ha mantenido dos criterios distintos sobre el ejercicio de esta acción, posiblemente uno de ellos supone una limitación que parece no permitir el art.125 CE.

Con relación a la doctrina Botín, la STS 1045/2007, establece que no cabría la apertura de juicio oral cuando el Ministerio Fiscal y la acusación particular solicitasen el sobreseimiento de las actuaciones, frente a la única acusación de la acción popular. Cabe mencionar que a ello se formularon siete votos particulares.

En cuanto a la doctrina Atutxa, la STS 54/2008 establece que si el Ministerio Fiscal solicita el sobreseimiento y no hay o no cabe la existencia de la acción popular en el procedimiento en curso, cabe la apertura de juicio oral aunque sólo lo solicite la acusación popular.

El art. 101 LECrim recoge que el Ministerio Fiscal no posee el monopolio de la penal, permitiendo que cualquier ciudadano español pueda promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad procurando la tutela del interés público ante la existencia de hechos constitutivos de delitos públicos.

A colación, el Tribunal Constitucional dispone que las personas jurídicas pueden ejercitar la acción popular (SS: 241/1992 y 34/1994) mientras que los artículos 101 y 270 LECrim y el 19.1 de la LOPJ limitan su ejercicio a los ciudadanos españoles, excluye por tanto a los extranjeros. Los artículos 102 y 103 LECrim prohíben a determinadas personas ejercer la acción popular, como son los condenados dos veces o más por sentencia firme en delitos de denuncia o querella calumniosa y a quienes no gocen de plenitud de sus derechos civiles, así como a los Jueces y Magistrados. Por último, prohíbe el ejercicio de acciones penales entre determinadas personas, salvo las que comentan unos frente a otros, como sería el caso de los cónyuges o entre padres e hijos.

En cuanto al modo de iniciar la acción, sólo podrá hacerse mediante querella (art. 270 y 761 LECrim) salvo en el supuesto de que el sumario o las diligencias previas hubieran comenzado (STS, de 13 de marzo de 1992). Al interponer dicha querella, como indica el art.280 LECrim, el querellante prestará fianza de la clase y en la cuantía que fijare el Juez o Tribunal para responder de las resultas del juicio. El TC se pronuncia en el sentido de que la exigencia de fianza es absolutamente constitucional, aunque habrá de adecuarse a las posibilidades de quien debe prestarla (SS: 62/1983, 113/1984 y 147/1985, entre otras).

Es bastante paradójico que la LO 1/2009, de reforma de la LOPJ de 1985, se establezca que el orden penal el depósito para recurrir será exigible únicamente a la acusación popular (D. A. 15ª.1). Ello supone un ataque a la acción popular, en contradicción con el artículo 20.3 de la misma Ley que dice que «no podrán exigirse fianzas que por su inadecuación impidan el ejercicio de la acción popular, que será siempre gratuita». Sobre ello me gustaría profundizar algo más adelante mi opinión.

Al hilo de lo comentado es también relevante entrar a valorar mínimamente, -desde mis ajustados conocimientos- el último borrador del nuevo Código Procesal Penal. Implica un cambio sustancial en el procedimiento penal y entre las fundamental es novedades legislativas se encontraba el papel del Ministerio Fiscal en la investigación e instrucción de los delitos (en defecto del actual Juez de Instrucción) la limitación temporal de la instrucción y la introducción de la figura de la mediación penal. Además cambia el régimen jurídico de la acción popular impidiendo ahora su ejercicio a todo sujeto que no sea un ciudadano particular, esto es, la Administración en primer término, a las personas jurídicas privadas, como asociaciones, fundaciones, sociedades de capital, etc. Establece un catálogo cerrado de delitos en los cuales la acción popular pueden ejercitar la acción acusatoria, como son los delitos relacionados con la corrupción, el terrorismo o los delitos contra el medio ambiente, y excluye expresamente a los partidos políticos y sindicatos. En este sentido y aunque a veces el ejercicio de la acción  popular puede haber dado lugar a ciertos abusos por parte, entre otros, de los partidos políticos no deberíamos olvidar el servicio al interés social que en ocasiones ha supuesto el ejercicio de la acción popular por personas jurídicas de derecho privado como son las organizaciones ecologistas. Sinceramente, creo que esto por sí sólo, justifica su existencia. Así con todo, me parece peligrosísimo limitar tanto o a tan pocas «personas» el ejercicio de la acción popular. Me resulta difícil imaginar cuántos particulares se atreverían a ostentarla, dado que la falta de medios para probar determinados actos es palmaria. En esta línea, ante esta oleada de grandes acontecimientos delictivos, de los macro procesos penales en los que tantos políticos están siendo imputados, tiempos en los que desfilan por nuestros Juzgados hasta los miembros de la Real Casa (y digo bien) ¿de qué manera un ciudadano de a pie cualquiera se va a sentir con fuerzas y medios para enfrentarse personalmente a determinadas Instituciones? Por otro lado, entrando a valorar más llanamente el requisito de la fianza, y desde mis limitados conocimientos, -como ya he dicho- no entiendo que se exija únicamente fianza a la acusación popular. Cierto es, que si ésta ha de prestarse proporcionalmente a los medios de la persona no debería suponer una gran carga, pero todos sabemos que las circunstancias económicas actuales no son las de hace diez años y a mayor abundamiento, se deja la puerta abierta a hacer un uso interesado de ella. Asimismo, la gran cantidad de procesos abiertos en los que parece más que razonable que la acción popular se ejercite por y para beneficio de la Justicia y por ende, en beneficio del pueblo y la paz social, la fianza, a mi entender no hace más que limitar interesadamente el ejercicio de la acción popular. Es más, me hace plantearme hasta que punto con ello no se vulnera el artículo 24 CE, en el sentido de que no sé si respeta el consagrado principio de igualdad, pues se no trata del mismo modo a todas las partes. Pese a los ilustres motivos que esgrime el TC, mientras que al resto no le exige garantizar esos posibles daños, a la acusación popular se lo impone. Obviamente, digo esto porque opino que el legislador, al margen de estudioso de determinada materia, no deja de ser parte del propio sistema y segúnn quién gobierne la norma se orientará hacia un lado o hacia otro. Con ello no quiero decir que no sea legal y legítima, sino que dejará más o menos margen a Jueces y tribunales para interpretarla y en consecuencia al Ejecutivo para aplicarla.

En resumidas cuentas, a mi parecer la acción popular es un peso más que poner a la balanza de la Justicia, que garantiza aun más, la independencia del Poder Judicial respecto de los otros poderes del Estado. Es un elemento democrático que si bien podría desaparecer, puesto que como tal no existe más que en España, me parece enriquecedor y garante de los derechos del ciudadano frente al aparato del Estado.

Algo que no me ha pasado desapercibido en mi pequeño estudio, es que en relación con el Anteproyecto de 2013, en las manifestaciones/comentarios al mismo publicadas por Jueces para la Democracia, no hay ni una sola crítica a la limitación de la acción popular. Desde luego mi interpretación es completamente fundada, pero me ha hecho preguntarme si la actual acción popular no es una Parte incómoda del proceso y si la falta de opinión de este colectivo no responde a que dicha limitación en su ejercicio supondría una liberación de carga de trabajo procesal para ellos.

En otra óptica, ante las contemporáneas y dudosas actuaciones por parte de algunos Fiscales, me resulta más que necesaria la acción popular a fin de suplir en la acusación aquello donde otros no llegan. No es que piense que el Ministerio Fiscal esté corrupto, sino que ver actuar al Fiscal General del Estado como una verdadera defensa de determinadas figuras públicas imputadas, me hace justificar con más ahínco la existencia de la acción popular con plenas garantías y sin más modificación que aquella que suponga un refuerzo a su permanencia.

 

Bibliografía:

Adalberto de Palacios «Nulidad absoluta del contrato estatal /acción popular»

AGM Abogados «El ejercicio de la Acción penal en el proceso penal español«.

Informe para la Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Europa Press.

Jueces para la Democrácia «Código procesal penal» e Información y debate.

Manos Limpias «La acción popular en peligro«.

Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Sinopsis del art. 125 CE,  realiada por ARNALDO ALCUBILLA, E,. y GONZALÉZ HERNÁNDEZ, E,. diciembre de 2003. Actualiazada por MUCIENTES SIEIRA, S,. en 2011.


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Jueves, 8 de enero de 2015 Sin comentarios

«Voces contra el miedo»


A través de esta entrada, queremos poner a vuestro alcance un documental muy ilustrativo sobre la dura realidad por la que atraviesan las víctimas de violencia de género, narrada por ellas mismas; así como la propia experiencia que algún maltratador también se ha atrevido a contar. Con ello, además, se da clara y concentrada muestra -en estos escasos 13 minutos- del fenómeno en sí: qué es la violencia de género, cómo se perpetra, cómo se vive, cómo poder salir –o intentar salir- de ese círculo cerrado, cuáles son sus consecuencias…

Y queremos hacerlo precisamente en este blog, dirigido a estudiantes de Derecho –y concretamente de Derecho procesal penal- porque pese a que es cierto que en los últimos años se está hablando mucho de violencia de género y con ello, sin duda, se contribuye a su visibilidad; es igualmente cierto que son muchos los tópicos que se reiteran infundada e injustificadamente y que están contribuyendo a la difusión de una imagen distorsionada del problema. Si no se tiene claro el problema, nunca se acertará en la solución.

Os avanzamos algunas claves:

  1. Hablar de violencia de género es hablar de desigualdad. Sólo avanzando en el camino de la igualdad, avanzaremos en la solución a esta lacra social.
  2.  La violencia de género no es sólo violencia física. Es también psicológica y sexual. En ocasiones, según narran las propias víctimas en este documental es preferible la bofetada al padecimiento de determinadas agresiones psíquicas.
  3. En 2013 (última estadística global cerrada en el momento de publicar esta entrada) se presentaron diariamente 327 denuncias por violencia de género; y hubo una caída de denuncias del 5’1% respecto del año anterior. Esto es lo grave: 327 denuncias diarias –teniendo en cuenta que se estima que se denuncia entre un 5 y un 10% de los casos que realmente suceden- quiere decir que la VG convive con nosotros de forma “natural”, que está mucho más cerca de lo que pensamos, que tiene lugar en muchos hogares próximos a los nuestros y que permanece, todavía, mucho más oculta de lo que se cree.
  4. Según los datos estadísticos del CGPJ, el número de denuncias falsas en violencia de género supuso un 0’01% del total.
  5. Durante el año 2013, de conformidad con los datos estadísticos del CGPJ, murieron asesinadas 54 mujeres por violencia de género en el entorno doméstico. En el año 2014, han sido 51 las mujeres asesinadas.

Esperamos que este documental ayude a la mejor comprensión del problema.

 


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Lunes, 5 de enero de 2015 Sin comentarios

Seminario sobre «Justicia penal y nuevas formas de delincuencia» en la UA con la participación de la Profra. Olga Fuentes Soriano


El Área de Derecho Procesal de la Universidad de Alicante organiza el seminario “Justicia penal y nuevas formas de delincuencia”, bajo la Dirección académica del Prof. Asencio Mellado y de la Profra. Fernández López, en el marco de un proyecto de investigación europeo.

Dicho Seminario tendrá lugar los días 4 y 5 de diciembre en la sala de Juntas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante y reunirá a importantes procesalistas y Magistrados.

La sesión del jueves 4 de diciembre contará con la intervención de procesalistas de reconocido prestigio y alta valía profesional.La primera mesa redonda estará formada por:

El Prof. Asencio Mellado, Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Alicante, que tratará las alternativas de investigación a la criminalidad organizada.
El Prof. Bujosa Vadell, Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca, quién afrontará el estudio de “las tecnologías de imagen y la valoración de la prueba”.
La Profra. Fuentes Soriano, Catedrática de Derecho procesal de la UMH que intervendrá en relación con la “la prueba de los correos electrónicos en el proceso penal”.

Continuará la jornada con las intervenciones del Prof. González-Cuellar Serrano, Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Castilla-La Mancha, sobre “El enfoque de la Propuesta de nuevo Código Procesal Penal”; y del Prof. Gimeno Sendra, Catedrático de Derecho Procesal de la UNED, sobre “Justicia penal y corrupción política”.

En la sesión de tarde será el turno de la Profa. Sanz Hermida, Profesora Titular de Derecho Procesal de la Universidad de Castilla-La Mancha, a cargo de la exposición “Los menores como víctimas de los delitos informáticos”. Tras la cual dará paso a la conferencia “Comunicaciones, nuevas tecnologías y proceso penal: tragedia en tres actos”, por el Prof. Ortiz Pradillo, Profesor Contratado y Doctor de Derecho Procesal de la Universidad de Castilla-La Mancha.

El viernes 5, junto a ponencias de carácter investigador realizadas por profesores de diversas universidades, intervendrán también Jueces y Magistrados, para exponer su visión de las nuevas formas de delincuencia y su tratamiento en Juzgados y Tribunales.

La conferencia de clausura correrá a cargo del Magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción núm. 6, D. Eloy Velasco Núñez sobre “Medios tecnológicos de investigación en el proceso penal”.

El programa del Seminario (que se puede descargar aquí: PROGRAMA )es el siguiente:

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Programa-Seminario-sobre-justicia-penal-y-nuevas-formas-de-delincuencia-1_21

 

 

 


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Lunes, 1 de diciembre de 2014 Sin comentarios

JUSTICIA Y SOCIEDAD: ASPECTOS JURÍDICOS A DEBATE. CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO


 

La Catedrática de Derecho procesal de la UMH, Olga Fuentes Soriano, dirige el curso de invierno Justicia y Sociedad: Aspectos jurídicos a debate. Curso teórico práctico organizado por el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria, en el que se abordará, entre otros, asuntos como la violencia de género, las nuevas formas de expresión y manifestaciones surgidas a partir de la crisis económica, la participación ciudadana en la justicia, las nuevas formas de resolución de controversias, la mediación penal en España o el presente y el futuro de los Alternative Dispute Resolution (ADR) en el Ordenamiento español.

El objetivo del curso es el de construir un espacio de reflexión sobre determinados problemas jurídicos de actualidad, con una metodología teórico-práctica.

Dicho curso tendrá lugar del 11 al 15 de noviembre en el Laboratorio Jurídico, 1ª planta edificio Torrevaillo, de la Universidad Miguel Hernández de Elche. De 25 horas de duración, consta de cuatro sesiones monográficas de carácter teórico para debatir sobre temas relacionados con las necesidades y exigencias de una administración de justicia moderna y eficaz; y dos sesiones prácticas para seguir un expediente judicial penal desde las primeras actuaciones policiales y redacción del atestado hasta el momento de dictar sentencia.

El precio final de la actividad será, para los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández, de 40€.

Con plazas limitadas, el periodo de inscripción finaliza el 10 de noviembre.


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Viernes, 7 de noviembre de 2014 Sin comentarios

Derecho, abogacía y Justicia en España. Con Antonio Sempere


La formación es esencial en el ejercicio de la abogacía, en opinión del Magistrado del Tribunal Supremo  Antonio Sempere Navarro: “La lucha ya no está en la información, puesto que se puede adquirir a golpe de clic. Sin embargo, la formación está en la persona, no en la Red. Ahí es donde los colegios profesionales y las universidades tienen que dar su valor añadido.”

Sempere tiene una visión amplia e integral del mundo jurídico gracias a sus experiencias como profesor, investigador, abogado y magistrado. ¿Qué opina acerca de los últimos cambios en los estudios de Derecho? ¿Y sobre el nuevo sistema de acceso a la abogacía? Y si tenemos en cuenta lo anterior, ¿cuál es el futuro de la Justicia en España? ¿Qué se necesita saber para el ejercicio de la profesión hoy día?

En octubre, dio la conferencia Seis tribunales para seis sentencias: el poder de la abogacía en la bienvenida del Máster en Abogacía UMH-ICAE.

 

Entrevista realizada por Lorena Escandell.


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Jueves, 6 de noviembre de 2014 Sin comentarios

Próximo control no eliminatorio de materia


 

El lunes 3 de noviembre tendrá lugar, a las 16’00 hs, un control no eliminatorio de materia para los alumnos que estén siguiendo el sistema de valoración continuada del trabajo y asistencia a clase conforme a los criterios de la guía docente.

Este examen versará sobre los temas 1.5, 2.1, 2.2 y 2.3 del programa. Constará de dos preguntas de desarrollo y, para su realización se dispondrá de un tiempo de 50 minutos.

De 17’00 a 18’00 hs se impartirá la clase de Derecho Procesal penal

Atentamente
Olga Fuentes

 


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Martes, 28 de octubre de 2014 Sin comentarios

VISITA GUIADA AL JUZGADO DE LO PENAL Nº DOS DE BENIDORM EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2014.


Visita organizada para los alumnos de la asignatura “Derecho Procesal penal” de la UMH

Programa:
-09:50 horas: recepción de los estudiantes por el Secretario Judicial del Juzgado de lo Penal nº 2 de Benidorm, en la puerta de dicho Juzgado.
-A continuación, visita a las instalaciones judiciales, incluyendo las dependencias destinadas a calabozos, sala de reconocimiento en rueda, locutorios para abogados, etc.
-Una vez finalizada la visita al Palacio Judicial, los alumnos podrán asistir a la celebración de los juicios señalados para ese día por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Benidorm, que son los siguientes:
10´30 «: Juicio contra la seguridad colectiva.
11´00 «: Juicio de Conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
11´30 «: Juicio sobre Robo con fuerza.
12´00 «: Juicio sobre Hurto.
12´30 «: Juicio contra la salud pública (Tráfico de drogas).

La celebración de los juicios y las incidencias que en los mismos puedan suscitarse será comentada tras su celebración, con los alumnos por el Magistrado que los ha dirigido y el Secretario judicial y tutor de esta práctica, Vicente Vaíllo Olivares.

Los interesados en participar en esta actividad deberán enviar un correo a ofuentes@umh.es hasta el día 3 de noviembre.

El desplazamiento al Juzgado de lo Penal de Benidorm correrá a cargo del alumno/a:

Juzgado de lo Penal nº 2 de Benidorm, dirección: Passeig dels Tolls, 2

Entrevista a la catedrática de Derecho Procesal de la Universidad Miguel Hernández, Olga Fuentes, para conocer más detalles sobre la visita que va a realizar un grupo de estudiantes de Derecho procesal penal al Juzgado de lo Penal número 2 de Benidorm.


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Sábado, 25 de octubre de 2014 Sin comentarios